Hasta 1787 con la Real Cédula de Carlos III (del 3 de abril) que “manda restablecer el uso de cementerios ventilados (…)”, los enterramientos en el Reino de España se efectúan en las Iglesias y templos parroquiales, siendo una competencia, la funeraria, que recaía en la iglesia, la cual recaudaba los fondos económicos de las inhumaciones. Más allá del elemento económico de recaudación de fondos, uno de los argumentos que más peso tuvo a la hora de permitir los enterramientos en el interior de las iglesias, fue utilizar la visión de las sepulturas como parte de la educación moral de los fieles que de ese modo reconducirían sus actos morales en busca de la vida eterna.

La epidemia acontecida en la villa portuaria de Pasajes (Guipúzcoa) en 1781, da lugar a que el ya anciano rey ilustrado adoptara un papel de sensibilidad respecto a la inhumación de cadáveres. El propio rey cita en la cédula que se le “enterneció el corazón” al conocer los sucesos de las condiciones insalubres para la villa de Pasajes a raíz del incremento de enterramientos, en hacinamiento, en la iglesia parroquial. La profusión de varias epidemias en otras provincias, da lugar a la adopción de medidas de salubridad pública, basadas en el Ritual Romano de enterramiento, alejado de las zonas pobladas. Por ello se insta, desde el punto III de la Real Cédula, a hacer “los cementerios fuera de las poblaciones siempre que no hubiere dificultad invencible o grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados e inmediatos a las parroquias, y distantes de las casas de los vecinos. Se aprovecharán para capillas de los mismos cementerios las ermitas que existan fuera de los pueblos”.

Más allá de la conflictividad que supuso la medida con el poder eclesiástico, que entendió esta iniciativa como una injerencia en el ámbito funerario que estaba dominado por la propia Iglesia, y de la propia sociedad que asumía ese hecho con normalidad y no compartía en muchos casos la necesidad de inhumar a los muertos en las afueras de pueblos y ciudades,  poco a poco se fue extendiendo la construcción de cementerios por parte de los Ayuntamientos, como una obra civil de saneamiento y salubridad pública.

En el caso de La Seca, se considera que fue temprana su construcción, entre 1804 y 1811, coincidiendo con el conflicto de la Guerra de la Independencia (1808-1814). Si tomamos como referencia el cementerio del Carmen de Valladolid, este data de 1840 y el de la Almudena de Madrid, de 1884.

Finales del s. XVIII y principios del XIX suponen un momento de confluencia de obras civiles en La Seca, como el edificio del Ayuntamiento, o el Pósito (Cilla). Se puede considerar el Cementerio Municipal como una de las obras culminantes de esta etapa, aprovechando la Ermita barroca del Santo Cristo del Humilladero (S.XVIII), junto al Arroyo de la Perdiz. Se cumplían así las directrices de la Real Cédula de 1787: Zonas retiradas del caserío del pueblo y aprovechando ermitas para anexionar el propio camposanto y que estas cumplieran la función de capilla.

En los pocos más de 200 años de historia del cementerio, se han vivido acontecimientos que han aconsejado cambios al respecto. En 1868 con motivo de la epidemia tifoidea, las autoridades sanitarias de la época instaron a la construcción de un nuevo cementerio en una de las zonas más altas y ventiladas del municipio. En 1872 se aprueba la ampliación del cementerio, para dar cabida a los difuntos no católicos, necesidad que se hace evidente con la existencia de una iglesia protestante en aquella época en La Seca. Ya en el s.XX, en 1939, hay un nuevo intento de construcción de un nuevo cementerio, el cual no se ejecuta, y hasta nuestros días, sigue en vigor el originario cementerio municipal.